En los extremos del país (Ciudad Juárez y San Juan Copala) se vive en un estado fallido*, a pesar de que la problemática es diferente (narcotráfico en Ciudad Juárez y paramilitarismo en San Juan Copala), en ambos lugares es evidente que el gobierno estatal ha entrado en crisis política y sólo reina la impunidad, la ausencia del estado de derecho**, así como el abandono de las instituciones estatales y federales.
¿Justicia en San Juan Copala? queda muy lejos la palabra para que sea constituida por el mal gobierno de Oaxaca. Muy pocos quieren ver lo que se muestra. Durante varios años de conflicto político entre el MULT - PUP (Movimiento de Unificación y Lucha Triqui – Partido Unidad Popular), la UBISORT – PRI (Unión de Bienestar Social para la Región Triqui) y el MULT-I (Movimiento de Unificación y Lucha Triqui independiente), se han dado asesinatos, desaparición de niños, niñas, mujeres y hombres indígenas y el desplazamiento forzado de toda la población hacia otras regiones. Igual que en el caso de la llamada “guerra contra el narco”, se culpa solamente a las víctimas: “se matan entre ellas”, “lo han hecho por siglos”, “este impulso al crimen y a la confrontación armada es parte misma de su naturaleza”.
San Juan Copala se declaró municipio autónomo desde el 2006. La respuesta del gobierno (como era de esperarse) fue formar grupos paramilitares a través de la UBISORT e implementar un estado de sitio***.
En Abril del 2010, una caravana humanitaria cuya intención era llevar víveres, medicamentos y romper el cerco ilegal en Copala, fue abatida por paramilitares, provocando la muerte de la mexicana Bety Cariño y el finlandés Jyri Jaakkola. Cínicamente Ulises Ruiz declaraba a los medios de comunicación que “nada tenían que hacer los “extranjeros” en esta región”. Igualmente Rufino Juárez, dirigente de la UBISORT, amenazó que detendría la caravana días antes de su llegada a Copala.
Se fueron dando diversas confrontaciones a lo largo de los meses siguientes, dejando como saldo varios muertos, heridos y desaparecidos, entre ellos los 3 dirigentes de cada organización que busca el control de la región triqui; Timoteo Alejandro Ramírez (líder del MULT-I), quien fue asesinado el el 20 de mayo pasado, presuntamente por personas del MULT; Anastacio Juárez Hernández (hermano de Rufino Juárez Hernández, líder de la UBISORT), se dice que el MULT-I se hizo cargo de matarlo el 29 de julio; Heriberto Pazos (líder del MULT) asesinado el 23 de octubre.
Cabe destacar que entre el 11 y el 19 de septiembre se dio una batalla por San Juan Copala. Durante seis días los paramilitares tomaron casa por casa, sacando de forma violenta a todos los pobladores de la región.
A pesar de las diferentes manifestaciones que condenan la violencia que se vive en Copala, como el plantón con mujeres y niños, que se instaló en el zócalo de Oaxaca desde finales del mes de julio; mítines en diferentes instituciones federales; marchas; etc., se ha hecho caso omiso a las demandas de los triquis. Lejos de intervenir, el gobierno de Oaxaca, tanto Ulises Ruiz como del actual gobernador Gabino Cué, se defienden en el argumento de que “la región mixteca se ha vuelto peligrosa por las luchas intestinas del pueblo triqui”.
En realidad, parece que la autonomía de San Juan Copala quedó en el olvido, se olvidan de las personas que sufrieron día con día las agresiones por parte de las organizaciones. El aislamiento del conflicto en la región Triqui y la retirada de las instituciones sociales han permitido la imposición de una dictadura por parte tanto del MULT-PUP como de la UBISORT-PRI.
* Estado fallido: Debilitamiento del Gobierno (por diferentes circunstancias) en relación a la demanda económica, política y social que hace la sociedad.
** Estado de derecho: Aquel estado donde toda acción por parte de la sociedad, las autoridades e instituciones gubernamentales están sometidas y sustentadas por normas jurídicas, que contribuirán para crear un marco de justicia.
*** Estado de sitio: Régimen que declara un Gobierno ante ciertas situaciones especiales (en el caso de México, y en general, se otorgan más facultades a las fuerzas de seguridad para la represión, incluso, en algunos casos las garantías constitucionales quedan en el olvido).
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