"Mátalos en
caliente", tajantemente
ordenaba por telégrafo Porfirio Diaz en 1879 para acallar a la oposición
política... Hasta la fecha la orden se sigue cumpliendo al pie de la letra y
sin vacilaciones.
México militarizado.
Como venimos
denunciando desde hace varios años, la “guerra vs el narco” es solo el pretexto
para encubrir la política de terror del estado, que utiliza la violencia y represión
indiscriminada como método para acallar toda manifestación y protesta que ponga
en peligro los intereses y riqueza de la gran burguesía.
“Miseria
igual, idéntica desgracia presencia el sufrido pueblo mexicano. Tuvo una
gloria: la Constitución política de 1857 ¿y qué ha quedado al pueblo de ese
libro?… Pétalos marchitos ya; plumajes deslustrados; nieves ofendidas por el
fango... Suda el pueblo mexicano la barreta y el martillo y el cincel en el
fondo tenebroso de las minas, arrancando a fuerza de brazo los preciosos
metales, que brotan en abundancia de la roca herida, como manantial bienhechor
que hará la felicidad ¿de él?... No: del militarismo que se adorna de
entorchados y escandaliza con el lustre de sus botas ante la inmensa desnudez
del pueblo...”. Escribía el 8
de Febrero de 1903 el “Escorpión”, Ricardo Flores Magón, en las páginas
de “El Hijo del Ahuizote”, y afuera de las oficinas del periódico, el
balcón principal está cubierto con un moño negro de luto que enmarca una foto
de Juárez. Bajo el moño, aparece un letrero: “LA CONSTITUCIÓN HA MUERTO”....
Hasta la fecha la situación sigue siendo la misma y a la constitución de 1917
nadie la respeta, mucho menos la clase en el poder.
Durante la
administración de Peña Nieto, desde que usurpó el poder con el enorme operativo
policiaco detrás de vallas metálicas para contener el clamor popular, la
estrategia utilizada ha sido acallar con toletes, fuego y sangre, cualquier
tipo de oposición social, llenando las cárceles con presos políticos. Se estima
que en lo que va de su administración han sido encarcelados más de 350
luchadores sociales, privándoles por completo de sus derechos fundamentales y
garantías constitucionales. Se contabilizan por miles las denuncias por
secuestros, condiciones inhumanas en prisiones, arresto arbitrario, confesiones
obtenidas mediante tortura, "levantones", amenazas y violencia contra
defensores de derechos humanos, contra homosexuales, violencia contra mujeres,
secuestro, robo y abuso de migrantes, tráfico humano, discriminación social y
económica contra comunidades indígenas, explotación laboral de menores de edad,
etc. Además, la corrupción ha infectado hasta la más mínima parte de la
estructura gubernamental: con certeza podemos afirmar que la mayoría de las
instituciones del gobierno, y sobre todo la burocracia, están coludidas y
tienen vínculos con el narcotráfico y métodos de corrupción.
Después de la masacre
de Ayotzinapa esto se dejó en claro: todas las atrocidades del estado mexicano
que estaban enterradas en “fosas” (políticas) encubiertas bajo falsas
instituciones y discursos de “justicia y seguridad”, así como los vicios
engendrados por las clases dominantes, que ya no tienen distinción entre
legales o ilegales, salieron a la luz. Toda la putrefacción del gobierno se
destapó.
Ayotzinapa: nadando
contra la corriente en un mar de zozobra.
La incertidumbre reina
en la Normal Rural de Ayotzinapa. Se observa en la angustia reflejada en los
rostros de los padres de familia, la desesperación de los estudiantes, la impotencia
de todos por no tener la certeza de dónde están los desaparecidos. ¿Cuál fue el
objetivo de la represión y desaparición de los estudiantes? ¿Dónde están
nuestros compañeros? ¿Dónde está la justicia? Todos se hacen aquellas preguntas.
Nadie puede responderlas.
Han pasado más de 30
días en confusión, alimentados por los rumores y declaraciones inciertas de
autoridades gubernamentales y hasta clericales, que repiten la “búsqueda en las
fosas" hasta al hartazgo, asumiendo que nuestros compañeros están...
muertos. Son declaraciones sin sustento, tanto científico como moral, vienen de
bocas llenas de mentiras y únicamente son vacilaciones que perjudican el estado
de ánimo de los padres de familia, aumentando su confusión, y disminuyendo su
tolerancia ante las autoridades.
De igual manera, son
incesantes las muestras de solidaridad, manifestaciones y protestas emprendidas
desde, prácticamente, todos los estados del país. Después de la represión a los
normalistas, la gente ha visto que tenemos un enemigo en común: el estado y su
decadente y corrompido sistema político. El pueblo ya está harto, se ha quitado
la venda de los ojos que por tanto tiempo lo había segado. Nos hemos dado
cuenta que el enemigo no está desarticulado; que el enemigo no es, por separado,
el narcotráfico, los políticos, la policía, la burocracia, las fuerzas armadas
e instituciones gubernamentales, sino que es todo en conjunto, agrupado en el
gobierno federal, su corrupto sistema político y sus lacayos al servicio de la
burguesía. ¿Cómo podríamos confiar en un gobierno que responde las demandas del
pueblo con disparos, muerte, violencia desmesurada y desapariciones?
El estado se está
derrumbando como un edificio sin cimientos: por su propio peso se está
desmoronando. El gobierno está en crisis, ha entrado en decadencia, y ya no
servirá de nada intentar parcharlo porque su estructura está podrida hasta la
médula y hay que destruirlo por completo. Esa fue la respuesta de los
manifestantes al incendiar el Ayuntamiento de Iguala, el Congreso, etc., etc.
Destruir lo que resulta obsoleto, destruir lo que no funciona y empezar a
construir por ellos mismos su camino, totalmente nuevo y organizado. ¿Cómo
fiarse de autoridades ligadas a un gobierno que tiene nexos con el
narcotráfico, y que se encargan de encubrir a los delincuentes al servicio de
la clase que está en el poder gracias a nuestro trabajo? Las instituciones y dependencias han
demostrado su incapacidad para resolver el problema de los desaparecidos, y es
algo absurdo que con toda la tecnología y armamento nadie sepa en donde están
nuestros 43 compañeros. Cualquier gobierno que no puede garantizar seguridad,
nuestros derechos, y mucho menos nuestra propia vida, no tiene razón de ser.
Respetando las
posturas políticas, en nuestra opinión ha llegado la hora de crear nuestra
propia seguridad y justicia ejerciendo métodos de autodeterminación y
autodefensa popular, rompiendo totalmente con la estructura del estado. El
movimiento popular en Guerrero ha madurado, cuando menos en términos prácticos
y subjetivos: las acciones fuertes han dejado de ser criminalizadas por una
gran parte del pueblo, a pesar de la campaña mediática emprendida por los
medios de comunicación; ahora podemos afirmar que un gran sector del país ve
estas acciones como necesarias para acabar con esta oleada de violencia y
corrupción. La cuestión es, ahora, qué sigue.
Desde nuestro punto de
vista, el movimiento tiene que marchar separado pero golpear juntos, es decir, se
deben formar dos bloques de lucha, el primero encabezado por los padres de
familia quienes se enfocarán principalmente en la búsqueda de los
desaparecidos. Esto no significará que estemos deslindados de ellos, al
contrario, estaremos respaldándolos, sumándonos a las acciones y actividades
que ellos decidan para la búsqueda de los desparecidos. Es necesario retomar la
reivindicación de crear instituciones de justicia que emanen de la organización
del pueblo, coordinadas de manera independiente al gobierno y que la justicia
sea de acuerdo a nuestras necesidades, podríamos comenzar formando brigadas de
búsqueda que converjan, principalmente, en los municipios tomados por el
movimiento, llamando a toda la población para que se sume a fortalecer la
Policía Comunitaria, ayudando en la labor tanto de seguridad como de búsqueda.
Por otra parte el bloque político, encabezado por el magisterio y la normal de
Ayotzinapa, que impulse Consejos de organización popular en los municipios,
emanados de un ejercicio asambleario de discusiones y toma de decisiones,
creando el poder alterno al gobierno putrefacto. Existe una enorme necesidad de
impulsar la autodeterminación para defender la Normal de Ayotzinapa, pues con
el reciente ataque represivo, el gobierno Federal ya puso la mira en cerrar la
escuela. Si logramos que por lo menos el municipio de Tixtla forme un consejo
por “usos y costumbres” con métodos asamblearios, nos permitirá ejercer una
defensa de mucho mayor peso social para la normal de Ayotzinapa, y ésta a su
vez será una parte integral de la comunidad. Retomemos la experiencia de la
comunidad indígena de Cherán, que se rige por autodeterminación y donde la
autodefensa popular a su vez resguarda las instalaciones de la Escuela Normal
Indígena de Michoacán.
El movimiento de
Ayotzinapa reivindica una lucha generalizada contra la militarización y la
violencia, contra las muertes y desapariciones del estado criminal. Es una
alternativa que todos los agraviados en esta “guerra”, toman como su bandera y
alzan la voz gritando las mismas consignas en todo el país: ¡Vivos los queremos!,
¡Castigo a los asesinos!, ¡Un gobierno obrero, campesino y popular!
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