A partir de los hechos represivos
de octubre del 2012 cuando la Organización de Normales Oficiales del Estado de
Michoacán (ONOEM), emprendió movilizaciones contra la reforma educativa y
curricular que iba en contra de la formación docente, los principios educativos
y organizativos del normalismo, el estado y autoridades gubernamentales han
desatado una política represiva encaminada a culminar la lucha estudiantil en
Michoacán. A pesar de que no existen términos legales, las detenciones
arbitrarias y la intimidación psicológica, con una campaña mediática encabezada
por los monopolios informativos no han dejado de cesar. La criminalización de
la protesta social hacia los normalistas está en primer plano, mientras el
narcotráfico y ataques paramilitares
imperan en territorio purépecha.
A mediados de Agosto del 2012 las
8 escuelas normales de Michoacán se declararon contra la reforma educativa y la
malla curricular, pues no están dirigidas para abatir el rezago educativo ni
mejorar la formación académica, o por lo menos apegadas a cubrir las
necesidades de los estudiantes, sino al contrario: están planeadas para imponer
planes y programas de estudio de acuerdo a los intereses de la clase dominante
y el mercado laboral. Los mismos estudiantes plantean el vacio pedagógico y
teórico que existe al anteponer materias como inglés e informática por encima
de la enseñanza de lenguas nativas (Purépecha, Mazahua, Náhuatl, Otomí); además
con estos nuevos programas, el ingreso a las escuelas formadoras de profesores
es más restringido, ahora la matrícula estará reducida, y sólo los estudiantes
que aprueben los exámenes de oposición tendrán posibilidad de ser inscritos.
Atrincherados durante más de un
mes dentro de la ENIM, CRENAM y la normal rural de Tiripetio con varias
unidades de transporte retenidas, los normalistas exigían la derogación de
estas nuevas leyes educativas. La represión estuvo por encima del diálogo: el
15 de Octubre a partir de la media noche fuerzas policiacas entraron con
violencia al CRENAM para “rescatar las unidades secuestradas”; a las 2:00 am la
Normal Indígena con 80 estudiantes resguardando las instalaciones, estaba
rodeada por más de 1500 elementos de la Policía Federal, Grupo de Operaciones
Especiales y el ejército que entraron reprimiendo a todos los normalistas,
ayudados incluso por dos helicópteros de la policía sobrevolando el
perímetro; a las 4:00 am en la normal de
Tiripetio hubo enfrentamientos dejando como saldo más de 150 detenidos. Los
gases lacrimógenos, toletes, golpes, agresiones sexuales, amenazas, escudos y
disparos estuvieron a la orden del día. A la mayoría de los normalistas
detenidos los llevaron al Cereso Mil Cumbres en Morelia, aunque un grupo de
compañeras educadoras fueron golpeadas y abandonadas a la deriva en un centro
comercial en Uruapan. Inmediatamente, las comunidades indígenas de Comachuen,
Arantepacua, Cuitzeo, Caltzonzin y Turicuaro, junto con los padres de familia y
el sector estudiantil, accionaron bloqueando las principales carreteras paralizando
gran parte del estado durante 4 días, y precisamente por la movilización
popular se logró liberar a todos los detenidos. Para màs informaciòn pueden consultar: ¿Qué exigen los normalistas de Michoacán para que reciban esta brutal represión?
Mayo 2013.
Frente a las amenazas de las
autoridades educativas de no avalar el semestre anterior (periodo en el que fue
la represión), y no respetar los acuerdos respetados sobre la derogación de la
malla curricular, los normalistas volvieron a movilizarse pero en esta ocasión
contaban desde el principio con el apoyo de las comunidades indígenas. Así,
durante más de 20 días la ONOEM estuvo atrincherada en Turicuaro. La demanda
principal se centraba contra la reforma educativa, exigiendo también las plazas
automáticas y claves para los egresados y el cese a la represión y
hostigamiento. Se llegó a una audiencia federal donde lograron obtener minutas
de respaldo, favorables para sus demandas.
Marzo 2014.
“La normatividad” es una nueva
iniciativa (que viene de la mano con la reforma educativa): se impone un
promedio mínimo de 8.0 y una considerable reducción para la matricula de nuevo
ingreso, intentando acabar con el normalismo imponiendo situaciones académicas
desfavorables y por ende, con los profesores y la educación pública. Los
estudiantes nuevamente salieron a las calles posicionándose y manifestándose
lograron una prorroga de esta tentativa gubernamental: la convocatoria de nuevo
ingreso se publicó respetando los acuerdos.
Sin embargo, la visita del
comisionado de estado Alfredo Castillo que enfatizó en la situación latente del
crimen organizado en Michoacán, puso a la par la criminalización del movimiento
normalista, reabriendo el proceso de ordenes de aprehensión desde Octubre del
2012: 49 compañeros siguen siendo procesados.
El 10 de Mayo llegaron elementos
de la policía de Coeneo y de la procuraduría de Justicia al domicilio (en la
comunidad de Zipiajo) de Eduardo Reyes Negron, estudiante de la Normal Indígena
de Michoacán, y con el pretexto de otorgarle una beca de $30,000 lo detuvieron
de manera arbitraria llevándolo al Cereso de Mil Cubres. Evidentemente no hay
fundamentos legales a pesar de que se le imputa el delito de “motín y robo”, es
una detención política, y de manera absurda las autoridades piden una fianza
exorbitante de $30,000,000. La ONOEM inmediatamente, emprendió una nueva
jornada de lucha y protesta para la liberación del compañero Eduardo, en una
audiencia con el subsecretario de gobernación Luis Miranda se logró que el
compañero saliera del Cereso el 29 de Mayo. Sin embargo no termina ahí, la
movilización sigue vigente pues todavía quedan más de 100 órdenes de
aprehensión contra los normalistas, además los mismos estudiantes demandan la exoneración
total de cargos imputados a partir de Octubre del 2012 y el alto a la represión
que vienen sufriendo desde hace años.
Es evidente que el gobierno continúa
en su campaña de atacar los sectores organizados y que se movilizan de manera
constante haciendo vale su derecho a la protesta social, poniendo en juego los
intereses del estado y la clase en el poder. Para las autoridades es más
importante reprimir y encarcelar estudiantes que terminar con el crimen
organizado. Nos solidarizamos con los compañeros normalistas en su exigencia
del cese al hostigamiento político y psicológico a los estudiantes y su organización. 
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