La propuesta de Ley de Seguridad Nacional es una más de las maniobras que pretenden legitimar ante la sociedad mexicana la participación de los cuerpos represivos para respaldo de las instituciones y garantizar el avance de las políticas de militarización que tanta controversia y daños han causado en este último sexenio.
Esta ley propone de manera cínica, la posibilidad de que el presidente de la república pueda decretar circunstancias de amenaza a la seguridad interna para brindar así facultades de intervención de Ejército, Armada de México y Marina Nacional para combatir dichas amenazas mismas que tienen su representación en los movimientos sociales, políticos y hasta electorales que el gobierno pueda detectar arguyendo su papel de desestabilización institucional, social y política.
Según el dictamen de las comisiones de Gobernación, Justicia, Defensa Nacional, Seguridad Pública y Derechos Humanos, se han hecho revisiones y modificaciones a la propuesta original, puesto que esta se refiere de manera abstracta a conceptos como “seguridad Interior” y “seguridad pública” y “seguridad nacional”. Con este tipo de iniciativas nos están atando de manos, ya que la concepción de seguridad nacional empleada exige que ésta sea asumida y preservada por la población, por lo que se considera una obligación de los ciudadanos el participar y cooperar en cada acción dictada por la Ley de Seguridad Nacional.
Está claro, que ninguna institución gubernamental cesará de un intento tan inminente para acallar las protestas sociales y al contrario, el principal objetivo es establecer un régimen de cero tolerancia, y avanzar en crear todos los marcos jurídicos necesarios para proceder de manera “legítima” en las diversas reformas de corte laboral y económico que se tienen pendientes, además de consolidar un ambiente de hostilidad y de pánico social ante la inconformidad y la movilización popular.
Para taparle el ojo al macho, plantean que todo esto se lleve a cabo a la par de realizar campañas de promoción y protección de los derechos humanos. Todas las acciones que se realizarían bajo esta alerta pretenden darse mediante la legitimidad del pueblo mexicano, seduciéndolo con la idea de que pueden estar tranquilos y en paz ya que las autoridades civiles y militares se encuentran alerta para “detectar, identificar, desactivar o combatir los peligros que pudieran afectar dicha seguridad”. Además se deja en claro que la finalidad, ante todo es garantizar “la existencia, estabilidad y permanencia del estado en su amplia concepción (población, territorio, poder público).
Ya en 2005 se aprobó una Ley de Seguridad Nacional, que brindó todas las facultades para el empleo de inteligencia al servicio de la seguridad por órganos como el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) cuya finalidad es detectar las “vulnerabilidades” o presuntos intentos de desestabilizar la seguridad de la nación; sin embargo esa ley no resultó suficiente para justificar las intenciones del Estado Mexicano para desarticular por completo los movimientos sociales. Por ello la urgencia de establecer de manera pronta las circunstancias en que se vulneraría dicha seguridad y establecer un papel concreto del actuar de las fuerzas armadas ante determinados objetivos.
También establecerán las condiciones en que puede proceder a decretarse el estado de alerta mediante el cual se generaría la suspensión no sólo de las garantías individuales sino también de los derechos humanos, fortaleciendo un estado de excepción que de facto estaría dejando a la población indefensa e incapaz para realizar incluso hasta sus actividades cotidianas en pro de la defensa de la nación. Pero no sólo implica el mantener a la población contenida sino que para el “combate” a dicha amenaza el ejecutivo federal tendrá toda la facultad para decidir si las autoridades locales pueden enfrentar la amenaza, o si se requeriría del apoyo por parte de otros cuerpos, lo cual deja la puerta abierta por completo a posibles intervenciones militares principalmente del ejército norteamericano.
Abstracciones y laberintos de ideas manejados en dichas propuestas son de gran utilidad para confundir al pueblo mexicano, por citar textualmente, el dictamen suscribe… “En la ley no se confieren facultades a las instituciones armadas para prevenir ni investigar delitos sean federales o de delincuencia organizada, sino para actuar, como último escalón, cuando así lo determine el Consejo de Seguridad Nacional (CSN) y lo apruebe el Presidente de la República”. En pocas palabras, las instituciones no estarían facultadas para la revisión y solución de los casos de manera cotidiana, pero una sola declaratoria del CSN o del presidente de la república, bastaría para que así lo fuera.
Definitivamente, este tipo de leyes nos ponen en la mira del estado mexicano para proceder como lo desee contra los luchadores sociales. Pero es nuestra tarea más inmediata la difusión de la información y el análisis de las implicaciones tan nefastas que esta ley acarrea, no sólo se trata de manipulaciones y maniobras legales, sino que corremos el riesgo de presenciar realidades afines a las peores dictaduras que han existido en América Latina. No permitamos nuevos ríos de sangre correr por las calles. Debemos frenar estas medidas por medio de la agitación y la organización popular.
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