RAZONES LEGALES, POLÍTICAS Y TÉCNICAS, POR LA CUAL RECHAZAMOS LA ALIANZA POR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN “ACE” Y LA REFORMA EDUCATIVA.

Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

El sistema hegemónico imperialista a nivel mundial, a través de sus instituciones financieras y de capital especulativo (FMI, BM, BID, OCDE, OMC, etc.), durante los últimos 30 años, ha desarrollado para cada área social una estrategia, un lenguaje y un discurso afín a sus intereses. En materia educativa, sus planteamientos se concentran en una serie de argumentos retóricos que se desprenden del llamado “Consenso de Washington”; es decir, en el nuevo orden mundial neoliberal. “El Neoliberalismo busca individualizar virtualmente cada proceso (privatización de bienes) o servicios (derechos sociales) que puedan ser transformados en capital privado” o sea “desregulación selectiva”. Desde esta caracterización, las reformas neoliberales impuestas por la burguesía  como  proyecto educativo para América Latina, nos lleva a entender que “Al deterioro educativo existente se le identifica como una crisis de eficiencia, eficacia y productividad” al que se le suma una concepción de tipo “gerencial” cuya solución se encuentra en un modelo educativo que tenga como base las “competencias”, demostrándonos la visión que tiene el actual gobierno mexicano en política educativa y hacia donde la está orientando, por lo que para ello requirieron en su momento de la descentralización (desde 1992) y la privatización de los servicios educativos que lleve a los padres de familia a “invertir en la educación de sus hijos”.




De tal manera que el problema de la educación en México no es eminentemente una situación de carácter técnico–pedagógico, o sea,  de calidad, infraestructura, financiamiento, cobertura, evaluación y currículo. Es un tema político  de mayor complejidad que tiene que ver con un proyecto de clase dominante, con el perfil de ciudadano que se requiere, con políticas que le den vialidad en relación a las fuerzas productivas y acciones sociales que lo respalden y lo lleven a buen puerto; es decir, para la clase política y los empresarios que gobiernan este país, la educación pública, gratuita, científica,  laica y obligatoria no puede ser más un derecho social conquistado como un acto de justicia para  nuestros niños y jóvenes, sino más bien un  producto que se oferte a todos aquellos (muy pocos) que gozan de franca solvencia económica para adquirirlo; de tal manera que el diseño de la política educativa en México, no cubre ni responde a las necesidades que demanda la sociedad; más bien obedece a políticas cuyos intereses son los de los organismos internacionales que dirige el propio imperialismo que ven en la educación la posibilidad de incrementar sus ganancias bajo el usufructo de tipo “eficientista”.

Ahora entendemos las razones por las cuales atrás de la imposición de éste modelo educativo se encuentra la mano del sector privado (otrora beneficiados con la privatización de las empresas paraestatales) que se agrupan en torno al organismo autodenominado “Mexicanos Primero” quienes suscriben el Compromiso Social por la Calidad de la Educación, encabezados por el grupo BIMBO  de Lorenzo Servitje, Claudio X. González, Enrique Madero Bracho, la familia Azcárraga, los Salinas Pliego, Roberto Hernández, Lorenzo Zambrano entre otros grandes acaudalados del régimen, dueños y presidentes de las grandes corporaciones patronales como: la Coparmex, la Canaco, la Canacintra, Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, Fundación Empresarios por la Educación Básica, que aglutinan a las empresas, Cinepolis, Coca Cola, Bimbo, Oxxo, Cervezas Modelo, Gamesa, Cemex, Maseca, Kimberly Clark y demás,  siendo estos individuos quienes diseñan, financian, operan e imponen los estándares de evaluación y certificación en la educación básica, desde sus propios enfoques y paradigmas.

EL ACTUAL GOBIERNO MEXICANO EN CONTRA DE LA ESCUELA PÚBLICA

Desde ésta perspectiva de clase, la situación para la educación pública y para los trabajadores de la educación es cada vez más compleja y de grave riesgo para su sobrevivencia como un derecho social, pues el Estado Mexicano se ha dedicado a desvirtuarla y desacreditarla por todos los medios de difusión posibles, en la búsqueda del consentimiento social para justificar su privatización y el despido de miles trabajadores. Para alcanzar su  propósito, el Gobierno y la clase empresarial  cuenta con la complicidad de la traidora, asesina e ilegitima Elba E. Gordillo Morales y los secuaces que la acompañan  en la usurpación del CEN de SNTE, quien con todo cinismo avala y promueve las reformas al Sistema Educativo, al margen de los trabajadores de la educación, padres de familia, alumnos y la sociedad. En resumidas cuentas, la política de agresiones a la educación pública en este periodo de gobiernos panistas se concentra en tres principales  momentos.

Primero, una década y media después de la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB-1992),  el 15 de mayo de 2008, se firmó el pacto político  conocido como Alianza por la Calidad de la Educación (ACE) entre el gobierno federal y Gordillo Morales,  iniciando con una serie de transformaciones en el modelo educativo nacional de educación básica, introduciendo un enfoque por “Competencias” con características eminentemente empresariales, además de darle un fuerte impulso a la escuela privada; situación que atenta y cancela el derecho social y humano que tienen los niños y jóvenes de recibir educación pública, gratuita, integral  y laica como lo establece el artículo 3° de nuestra Constitución.

Como sabemos, el modelo por “Competencias” no propicia un ambiente de unión y solidaridad entre individuos y grupos sociales en situación semejante, ni permite el rechazo a las formas de discriminación y a las injustas y profundas diferencias sociales y económicas; es más, las acepta, promueve y considera como naturales, justificando así las diferencias en salud, educación, ingreso económico y calidad de vida, convirtiendo a las víctimas de un sistema de explotación y subordinación en culpables de su propia condición, contraviniendo lo estipulado en la Constitución (Art. 2° y 3°), donde se habla del propósito de la educación en términos de solidaridad, de equidad, de respeto a los demás y de las diferencias en habilidades y talentos que cada uno tiene. La competencia apunta a un mundo y una sociedad más conflictiva, mientras la tolerancia, el esfuerzo en común, hablan de estrategias más civilizadas y conducentes a la paz*.

En un segundo momento, para asignarle sustento legal a lo anterior y garantizar su aplicación, el 21 octubre del 2010 el poder legislativo (Senado de la Republica) reforma y adiciona 24 artículos de la Ley General de Educación, lo que permite a las autoridades educativas y al charrismo sindical, diseñar un caudal de programas y acuerdos,  acompañados de sus lineamientos normativos para su implementación en todo el país, sometiendo a los trabajadores de la educación a un ambiente de incertidumbre e inestabilidad laboral al otorgarle legalidad a los 5 ejes de la ACE y al mismo tiempo, a las 15 recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para elevar según ellos la Calidad de la Educación en nuestro país.

A todo esto se agrega que, el día 19 de agosto de 2011 se publica en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo 592 para la Articulación de la Educación Básica, que oficializa la Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB), el proceso de enseñanza – aprendizaje sustentado en competencias y evaluaciones estandarizadas bajo parámetros internacionales (PISA, EXCALE, EXANIS, ENLACE) dirigidos tanto a docentes como a alumnos,  planteando entre otras cosas, la imposición de las escuelas de horario ampliado (eliminación de grupos y turnos principalmente vespertinos), escuelas de calidad, escuelas de tiempo completo, escuela segura, escuela siempre abierta, etc.

Como un tercer momento tenemos que el 14 de Febrero de 2011, con el anuncio por parte ejecutivo federal del decreto de “Deducción” de impuestos a la educación privada en el nivel básico, decisión unilateral de Calderón que beneficia a los dueños de instituciones particulares; reafirmando su vocación privatizadora y su desprecio hacia la Escuela Pública con el reciente decreto anunciado por el mismo, el 9 de Enero de 2012 en las Instalaciones del Tecnológico de Monterrey, sobre la creación de un sistema de líneas de Crédito Estudiantil para educación superior,  con una inversión inicial de 2,500 millones de pesos que a través de Nacional Financiera (NAFINSA) serán transferidos a la banca privada quienes la otorgaran a jóvenes que aspiren a cursar carreras profesionales en Instituciones y Universidades particulares. Sin ningún pudor, el ejecutivo federal declara que quienes se beneficien con este programa cuyo monto oscila entre 215 y 280 mil pesos, al concluir la carrera el monto de la deuda contraída con los banqueros usureros ascenderá entre más 500 y 700 mil pesos pagaderos en un plazo de hasta 15 años, con una tasa de interés anual de 10%. El impulso de este modelo de financiamiento con recursos del erario público solo beneficia a la educación privada pues quienes tendrán acceso a ello, serán los hijos de la clase media alta, pues como todos sabemos, los hijos del campesinado, los indígenas, el sector obrero, las amas de casa y el trabajador común jamás hipotecara su futuro porque con sus escasos ingresos no podrían pagar una deuda de tal magnitud, sobre todo con el incremento de las tasas del desempleo de miles de profesionistas altamente capacitados o con empleos temporales, mal remunerados y sin garantías de prestaciones salariales y de seguridad social.

A pesar de que este sistema de financiamiento ha demostrado su fracaso en diversos países del mundo, incluido Estados Unidos, Inglaterra, Holanda, Colombia, Chile, hoy se le impone a nuestra juventud en lugar de asignar esos recursos a la creación de nuevas universidades públicas, incremento de la matricula en las ya existentes y mejoramiento de infraestructura; por el contrario, cada año disminuye el gasto social destinado a educación o lo condiciona a los lineamientos y programas de la ACE provocando el debilitamiento y la asfixia económica de la escuela pública como es el caso de las escuelas normales rurales.

LAS AFECTACIONES DE LA ACE-REFORMA EDUCATIVA, EN LOS PROCESOS COGNITIVOS Y FORMACIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD.

Con la implementación de la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), el gobierno a través de la SEP, diseñó un programa estratégico de formación de generaciones de niños y jóvenes dóciles, acríticos e irreflexivos; es decir,  una gran reserva de recursos humanos disponibles para ser víctimas de la más humillante dominación y explotación por el gran capital nacional y transnacional, que redefine el enfoque educativo para que el currículo deje de orientarse exclusivamente en los contenidos que tienen que ver con nuestra identidad histórica como mexicanos, la ciencia, la tecnología, la ética, la filosofía, la lógica y todas aquellas disciplinas de formación integral y humanas; que resultan inconveniente a sus intereses y a  los requerimientos laborales que demandan los la élite empresarial. De ahí que la Alianza por la Calidad de la Educación establece el “Acuerdo para impulsar la reforma de enfoques, asignaturas y contenidos de la educación básica, así como la enseñanza del idioma inglés desde preescolar.

Ésta  tendencia facciosa que representa la ACE, ha permitido que el Estado Méxicano se aleje de sus atribuciones constitucionales de impartir una educación además de gratuita, orientada a  desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentar a la vez, el amor a la Patria y la conciencia de la solidaridad internacional, con independencia, justicia, democracia y nacionalista; dejando muy atrás el espíritu filosófico del Articulo 3° al eliminar sucesos importantes de nuestra historia patria que nos otorga identidad y valores nacionales. En ese mismo sentido, al desaparecer aéreas importantes del conocimiento y la formación humanística (Filosofía. Ética, Lógica, Humanidades), desconoce la importancia de una educación basada en los resultados del progreso científico, que abata la ignorancia y sus efectos nocivos como las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios; pues con esto las generaciones se convierten en sujetos individualistas, acríticos, anti analíticos e irreflexivos, susceptibles de sobrevivir en la condición de servidumbre, sin mayores ideales de fraternidad, igualdad, tolerancia y respeto a la dignidad humana.

Aunado a todo esto, la SEP aplica e impone un proceso de evaluación a través de exámenes o pruebas “estandarizadas” que diseña el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), como  instrumento para obtener información (Diagnosticar) y determinar políticas que posibiliten mejorar la educación en todos sus niveles”. Bajo esa perspectiva se crea el Examen Nacional  del Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE). Sin embargo, éste mecanismo no considera todos aquellos factores que inciden significativamente en el proceso de enseñanza- aprendizaje como son las condiciones políticas, económicas, sociales y culturales en donde estudian los alumnos, limitándose además a “medir” solo partes muy reducidas de los temas de estudio colocados fuera de contexto, con lo que buscan medir la capacidad de retención (memorización). La medición por este método es esencialmente individualista, externa al proceso educativo, ajena a sus actores principales y eminentemente pasiva, solitaria, parcial, superficial y de una simplicidad extraordinaria por el sesgo característico de contar con preguntas mal formuladas, confusas y con más de una respuesta correcta que distorsiona el resultado, pues al final lo que interesa es el producto y no la comprensión del proceso*. De tal manera que la prueba enlace por su diseño de  opción múltiple facilita su aplicación simultanea a millones de personas y también muy fácil de calificarse, pues el propósito es contar con una prueba nacional, única y centralizada para millones de estudiantes**.



LAS AFECTACIONES DE LA ACE-REFORMA EDUCATIVA, A LOS DERECHOS LABORALES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN.

Enmarcado en el mismo esquema de transformación radical del Sistema Educativo Nacional contemplado en la ACE, la SEP y los charros del CEN del SNTE han puesto en marcha una serie de programas y reformas dirigidos al magisterio nacional que transforman la situación profesional y las relaciones laborales a riesgo de ser desplazados del servicio. Sustentados en la mismas modificaciones a la Ley General de Educación, los ejes de la ACE y las recomendaciones de la OCDE, se impulsa la reforma a los Lineamientos del Programa Nacional de Carrera Magisterial (23 de mayo de 2011) y la creación  del Acuerdo para la Evaluación de Docentes (31 de mayo de 2011), consumándose en la vía de los hechos, con estos programas,  la certificación obligatoria para los docentes, teniendo como soporte esencial la concatenación de los resultados obtenidos por los alumnos en la prueba  ENLACE para determinar “Certificar” si el docente es apto o no para conservar su trabajo, que en este caso se le asigna un valor de 50% entre los otros factores de la evaluación global de conocimientos y habilidades docentes; donde lo que menos importa es el perfil pedagógico adquirido en las escuelas formadoras de docentes ni la experiencia profesional acumulada por los años de servicio.  

De tal manera que resultados de las pruebas estandarizadas ENLACE y PISA se convierten en los pilares centrales de la política educativa en nuestro país que solo busca ubicarse en los mejores lugares de las estadísticas internacionales y persuadir a la opinión pública de que los trabajadores de la educación somos los responsables del supuesto fracaso del modelo educativo que impulsa el Estado Mexicano. Con éste discurso se permiten supervisar, fiscalizar y finalmente premiar (selectivamente) o evidenciar y castigar (masivamente) a los maestros y maestras con impactos diferidos en sus ingresos económicos, recategorización en sus funciones y nombramientos hasta llevarlos al despido, tal como se señala en el folleto de la ACE (pag.16) que los resultados de ENLACE tendrán un impacto directo en los ingresos docentes. Esto nos demuestra que la “Certificación docente” y el nuevo esquema de Carrera Magisterial es un procedimiento punitivo con la que se aplicaran sanciones a los maestros en “función exclusiva de los resultados del logro académico de los alumnos”*

Derivado de ésta política fiscalizadora, a partir del 24 de Noviembre de 2011, para acelerar la imposición de la Certificación a los trabajadores de la educación, la SEP emplaza a los docentes de Educación Primaria a nivel nacional, a requisitar y documentar la “Cédula de Registro para el Censo de  Docentes de Educación Primaria” que no es otra cosa que un instrumento de inscripción para la Evaluación Universal”, bajo presiones y amenazas de suspensión de salarios y cese del empleo a quien se oponga a aceptar dicho documento, lo que representa una maniobra ilegal y tramposa de la SEP – SNTE en contra de los trabajadores de a educación.

Siendo congruentes con nuestra función social en el aula y nuestra formación ética y responsable, precisamos que como docentes no nos oponemos a los procesos de evaluación, siempre y cuando vaya dirigido al diseño de un verdadero e integral diagnostico del estado que guarda el sistema educativo nacional para su mejoramiento, en la que se concurra a la opinión de los trabajadores de la educación, padres de familia, alumnos y sociedad en general; el análisis minucioso; estadísticas generales y particulares; la evaluación de las condiciones socio-económicas, sociales y culturales de cada región del país y, de las condiciones laborales,  saláriales y sociales de los trabajadores adscritos al Sistema Educativo; evaluaciones continuas con una metodología que lleve a conocer los avances en la adquisición de conocimientos,  habilidades, capacidades y destrezas, tanto de alumnos como de docentes, sin el uso de instrumentos parciales, unilaterales, antipedagógicos y estandarizados como los que actualmente se utilizan, sin que sean manipulados para pretextar el despido de los trabajadores; sino para mejorar y perfeccionar el Sistema Educativo Nacional que contribuya a la erradicación del analfabetismo, la desigualdad, la inequidad, la injusticia y de todo aquello que contiene y retrasa el progreso del país.

Por otra parte, con la ACE se transgrede flagrantemente las relaciones contractuales y la asignación de plazas de los trabajadores de la educación que durante muchos años y por derecho normativo se asignaba a los egresados de las escuelas normales rurales y urbanas en plaza inicial sin dueño (código 09 o 95) y posteriormente a los 6 meses un día se asignaba en código (10, definitividad – base). Así mismo, el derecho a promociones y ascenso se ha realizado mediante el proceso de escalafón que garantiza el 123 constitucional, la ley federal del trabajo, la ley federal de los trabajadores al servicio del estado, aun vigentes. Hoy por el contrario, se impone el “Examen Nacional de Asignación de Plazas Docentes” y de promoción (otrora examen de oposición) con contratos temporales (código 23) que no rebasan los 6 meses de vigencia laboral. Ante esto, la SEP, amparado en el Art. 18 del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal, que establece “La Secretaría podrá remover a su arbitrio, todo trabajador de nuevo ingreso, antes de que cumpla seis meses de servicio a partir de la fecha de su nombramiento” hace inalcanzable para todo concursante a la plaza docente la permanencia definitiva en el empleo y sujeto de múltiples arbitrariedades en sus prestaciones salariales y seguridad social por parte del patrón dada su condición de inestabilidad laboral.



A MANERA DE CONCLUSIÓN:

Para todo ciudadano consiente y todo trabajador de la educación de éste país, nos queda bastante claro que la actual política educativa diseñada, impulsada e impuesta por el Estado Mexicano, derivado de la Alianza por la Calidad de la Educación, la Reforma Integral de la Educación Básica y las modificaciones a la Ley General de Educación, se orientan directamente:

a).- Liquidar la educación pública, gratuita, laica y obligatoria, como anhelo de justicia social inspirado en la sangre del pueblo oprimido que hizo posible la insurrección armada de 1910.

 b).- Impulsar e imponer la educación privada como un privilegio de un sector muy reducido de la sociedad, que ostenta el control del poder político y económico en nuestro país como para transformar las leyes en favor de sus intereses lucrativos y de clase.

c).- Despojar a los trabajadores de la educación de todas las conquistas laborales, salariales, pensionarias, de salud, vivienda, descanso y esparcimiento, entre otros derechos, a cambio de favorecer y garantizar las grandes inversiones de capital privado nacional y transnacional en el sector educativo y hacer del trabajador docente un factor desplazable en el proceso de la producción y la ganancia.     
Ante éste escenario de gravedad y alerta nacional el futuro incierto de la Educación Pública como uno de los derechos humanos más elementales de la sociedad y ante el riesgo de la perdida de nuestros derechos laborales como trabajadores de la educación;  el magisterio democrático en lucha que formamos parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), de manera categórica:

DEMANDAMOS Y EXIGIMOS AL GOBIERNO FEDERAL:

1.    La inmediata cancelación total de la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE) y la suspensión definitiva de las Reforma  Integral de la Educación Básica (RIEB), de la Educación Secundaria (RES) e Integral de Educación Media Superior (RIEMS) por ser contrarias a la formación pedagógica, filosófica, humanística e integral de los alumnos, pues tienden a desaparecer el desarrollo de todas las “facultades armónicas del ser humano”, al imponer el modelo de enseñanza empresarial por competencias.  Así mismo, se agrede  el sentido de nacionalidad, solidaridad y pertinencia de identidad cultural al imponer, entre otras cosas, la enseñanza del idioma Inglés como segunda lengua materna.

2.    El desconocimiento de todos los acuerdo, pactos o compromisos firmados por la corrupta y asesina Elba Esther Gordillo Morales, ya que ésta carece del carácter legal de toda representación sindical, toda vez que los plazos establecidos en los estatutos del SNTE, así como, los métodos antidemocráticos que ha impuesto para mantenerse en el poder, no la legitiman como representante del magisterio nacional; por lo que los acuerdos signados con los gobiernos federales y estatales representan una clara traición al gremio magisterial y a la educación pública misma.

3.   El respeto a los derechos laborales de los trabajadores de la educación en los términos que establece y actualmente nos garantiza el Artículo 123 de la Carta Magna, mismos que están siendo desgarrados a través de la ACE con la imposición de contratos eventuales en Código 23. 

4.   Cancelación inmediata del Sistema Universal de Evaluación para los Trabajadores de la Educación, los nuevos Lineamientos de Carrera Magisterial, Examen Nacional para la Asignación de Plazas; así como, de todos los programas que de la ACE y la Reforma Educativa se derivan; pues en ésta afrenta a la educación pública,   

5.   Abrogación de la nefasta y criminal Ley del ISSSTE, ya que no ha representado ningún beneficio a los cotizantes y derechohabientes, toda vez que no se respeta la condición de inconstitucionalidad de los Art. (25, 60, 136, 251 y Frac. IV del Decimo Transitorio,) además del gran fraude que existe en el Instituto ante el desabasto de medicamentos en clínicas y hospitales.

6.   Cancelación de toda iniciativa de Reforma a la Ley Federal del Trabajo porque tiende a legalizar el despojo de los derechos laborales y precariza las condiciones salariales y de vida de la clase trabajadora.

7.   Justicia y castigo a los autores intelectuales y materiales del asesinato de los 2 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, Guerrero a manos de los cuerpos policiacos estatales y federales ocurrido el 12 de Diciembre de 2011; así como, Juicio Político a Ángel Heladio Aguirre Rivero por asesino y represor.

8.    Cancelación del programa de becas – créditos destinados a financiar la profesionalización de los jóvenes en universidades e instituciones privadas y ese recurso sea destinado a la construcción de Instituciones públicas y a la ampliación de matriculas y mejoramiento de las escuelas normales rurales.

9.   Respeto a las estructuras de representación sindical de la CNTE, legítimamente constituidas por los trabajadores de la educación en los estados de la republica; así como la decisión mayoritariamente democrática en los procesos de renovación de los Comités Ejecutivos Seccionales (Secc. 9ª D.F. y Secc. 7 Chiapas) que perversamente ha manipulado Elba E. Gordillo imponiendo Comités espurios, reservándonos el derecho de ejecutar acciones en defensa de nuestra libre determinación sindical y de defensa laboral.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, exigimos la instalación de una mesa de alto nivel con la presidencia de la República, comisiones de educación del Senado, cámara de diputados y Secretaria de Educación Pública, para dar atención, seguimiento y solución a las demandas planteadas en el presente documento.




COMBATIVAMENTE:
¡¡UNIDOS Y ORGANIZADOS VENCEREMOS!!
COMISIÓN NACIONAL ÚNICA DE NEGOCIACIÓN DE LA CNTE

No hay comentarios: